Un juez de la República ha señalado al gobierno de Gustavo Petro como responsable del trágico asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe, afirmando que se cometió un “prevaricato por omisión”. Esta alarmante declaración pone de relieve la grave negligencia del Estado en la protección de un líder político que había solicitado en repetidas ocasiones medidas de seguridad. A pesar de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) había catalogado a Uribe con un riesgo extraordinario, sus solicitudes de refuerzo de protección fueron ignoradas, culminando en su muerte a manos de la criminalidad en Colombia.

El abogado de Uribe, Víctor Mosquera, reveló que desde junio de 2025, se habían presentado más de 23 solicitudes para mejorar su seguridad, todas desestimadas con respuestas estándar que negaban el riesgo. “El estado dejó a Miguel Uribe en una indefensión absoluta”, afirmó Mosquera, mientras pedía a la Fiscalía General de la Nación que investigara la responsabilidad de la UNP por omisión.

La situación se complica aún más cuando la UNP, en lugar de asumir su responsabilidad, ha denunciado al juez por supuestas transgresiones institucionales, lo que genera un clima de incredulidad en la opinión pública. La Corte Constitucional había establecido previamente que los miembros de la oposición deben recibir protección especial, pero este caso resalta una alarmante falta de acción por parte del gobierno.

La captura de cinco autores materiales del asesinato de Uribe es un paso positivo, pero su abogado insiste en que es esencial identificar a los instigadores detrás de este acto. “El Estado es el primer responsable”, concluyó Mosquera, mientras el país espera respuestas claras sobre el papel de las autoridades en este lamentable suceso. La exigencia de justicia y verdad resuena en todo el país, y la presión sobre el gobierno para que rinda cuentas se intensifica.