¡Última hora! La familia del excanciller Álvaro Leiva ha hecho una impactante confesión en vivo que sacude los cimientos de la política colombiana. En un giro inesperado, se ha revelado que el presidente Gustavo Petro tenía conocimiento anticipado de una denuncia judicial de 21 páginas que Leiva planeaba presentar en Estados Unidos. Este anuncio, realizado por Petro 48 horas antes de la radicación oficial, ha generado un clima de sospecha y alarma en el entorno del exfuncionario, quien teme estar bajo vigilancia ilegal.
La denuncia, que acusa a Petro de cuatro delitos federales graves, ha desatado una tormenta política. La familia de Leiva se pregunta si sus comunicaciones han sido interceptadas clandestinamente, una inquietud que, de confirmarse, podría abrir un oscuro capítulo en la historia política del país. La frase “nos tienen enchuzados” resuena en su hogar, reflejando la incredulidad y el miedo que sienten ante la posibilidad de ser vigilados.
El presidente Petro, al convocar a la movilización popular en respuesta a la denuncia, ha trasladado el conflicto del ámbito judicial a las calles, creando un ambiente de tensión y polarización. Su retórica incendiaria, que mezcla la defensa de la democracia con un llamado a la resistencia, plantea serias dudas sobre el respeto a la separación de poderes y la independencia judicial.
Mientras la familia de Leiva se enfrenta a la violación de su privacidad, la ciudadanía observa con preocupación cómo esta situación podría afectar la salud de la democracia en Colombia. La urgencia de una investigación independiente y creíble es más apremiante que nunca. En este momento crítico, el futuro de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales de todos los colombianos están en juego. Este escándalo no es solo un conflicto entre dos figuras poderosas, sino una amenaza directa a las libertades individuales. La situación exige atención inmediata y un análisis profundo de las implicaciones que podrían surgir en el ámbito nacional e internacional.
