Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones, se ha convertido en el centro de un escándalo político en Colombia tras ser imputada por la fiscalía por su supuesta participación en un entramado de corrupción. Según las autoridades, Ortiz habría intermediado en la transferencia de 3.000 millones de pesos a varios dirigentes políticos, incluido el expresidente del Senado, Iván Ne. Este escándalo ha salpicado a figuras clave del gobierno de Gustavo Petro, generando una tormenta política que amenaza con debilitar la imagen de la administración actual.

Ortiz ha defendido su inocencia, asegurando que las acusaciones en su contra son un montaje orquestado desde la presidencia. En declaraciones a la revista Semana, afirmó tener pruebas que demuestran su inocencia y criticó a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a quien acusó de difamarla. “No manejo recursos ni contratos, y mi papel ha sido tergiversado”, expresó Ortiz, quien también denunció un complot mediático en su contra.

Las investigaciones de la fiscalía continúan, y el caso ha reavivado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos dentro del gobierno. La defensa de Ortiz es firme; asegura contar con una sólida estrategia legal para desmentir las imputaciones. “Esto no es más que una estrategia para desviar la atención de los verdaderos responsables”, afirmó.

El futuro de Sandra Ortiz es incierto mientras las acusaciones se intensifican y el escándalo se desarrolla. Con la atención del país sobre este caso, las divisiones internas en el gobierno de Petro están más expuestas que nunca. ¿Podría Ortiz enfrentar una posible condena? Las próximas semanas serán cruciales para determinar el desenlace de esta crisis política que sacude los cimientos del gobierno colombiano.