El presidente Gustavo Petro ha desatado una tormenta política al anunciar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, un paso que podría redefinir el futuro del país. En una sorpresiva declaración desde la Casa de Nariño, Petro también anunció la derogación del decreto que convocaba a una consulta popular programada para el 7 de agosto, tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.

El mandatario, que busca un mandato imperativo del pueblo para construir un “estado social de derecho”, ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político. La convocatoria de la Asamblea está prevista para el 8 de marzo del próximo año y será presentada a los votantes a través de una papeleta en las próximas elecciones. Sin embargo, expertos constitucionalistas advierten que este proceso no es tan sencillo como parece. Juan Manuel Charry, un destacado abogado en la materia, ha subrayado que el presidente no puede convocar una asamblea de manera unilateral; debe seguir un procedimiento legal establecido en la Constitución.

Charry enfatiza que la creación de una Asamblea Nacional Constituyente requiere la aprobación de una ley con mayoría absoluta en el Congreso, además de cumplir con requisitos específicos, como la participación de un tercio del censo electoral. La situación es crítica y el tiempo corre. ¿Podrá Petro sortear los obstáculos legales y llevar a cabo su ambicioso plan? Las próximas semanas serán cruciales en este escenario político en ebullición.

La decisión del presidente ha levantado ampollas en el Congreso, donde la oposición ya comienza a movilizarse. Con el país al borde de un cambio constitucional, la incertidumbre se cierne sobre el futuro de Colombia. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era o será este un intento fallido que desencadenará un conflicto mayor? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos.