¡ESCÁNDALO! El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha tomado una decisión contundente que sacude los cimientos del gobierno de Gustavo Petro: la anulación del nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO. Este fallo, que se extiende a lo largo de 87 páginas, revela serias irregularidades en el proceso de designación, destacando que Benedetti no cumplía con requisitos fundamentales, como el dominio de un idioma oficial de las Naciones Unidas y la presentación de un título de posgrado.

La magistrada Claudia Elizabeth Lots Moreno ha dejado claro en su dictamen que el nombramiento, formalizado mediante el decreto 0108 del 6 de febrero de 2024, carecía de la transparencia necesaria y no se ajustaba a los parámetros legales establecidos. Este hecho plantea interrogantes sobre la idoneidad de Benedetti, quien ya había presentado su renuncia al cargo antes de que se conociera el fallo, alegando motivos personales y de salud.

El escándalo se agrava al considerar el papel del entonces canciller Álvaro Leiva Durán, quien firmó el controvertido decreto. La decisión del tribunal no solo afecta la carrera política de Benedetti, quien rápidamente fue nombrado ministro del Interior tras su renuncia, sino que también reabre el debate sobre la selección de funcionarios en cargos diplomáticos en Colombia.

Este caso es un recordatorio urgente de la importancia de la transparencia y el cumplimiento de los requisitos legales en el servicio público. La credibilidad de las instituciones se encuentra en juego, y el fallo del tribunal sienta un precedente crucial para futuras designaciones, subrayando que las normas deben ser respetadas para evitar cuestionamientos judiciales. La situación de Benedetti y su capacidad para permanecer en el poder, a pesar de las controversias, refleja la complejidad de la política colombiana actual. La atención se centrará ahora en cómo este episodio afectará su futuro político y la confianza del público en el gobierno.