¡Escándalo en Colombia! La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, se encuentra en el centro de una controversia política tras la revelación de que facilitó el traslado de varios capos criminales de Medellín para que asistieran a un evento público con el presidente Gustavo Petro. Documentos exclusivos muestran que el 19 de junio, Zuleta solicitó la salida temporal de notables líderes de bandas criminales, como Juan 23 Minutos y Carlos Pesebre, lo que ha encendido un debate sobre la seguridad y los límites de las decisiones administrativas en el sistema penitenciario.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) autorizó el traslado bajo estrictas condiciones, incluyendo la obligación de devolver a los reclusos inmediatamente después del evento. Sin embargo, la participación de estos criminales en un acto oficial ha suscitado serias interrogantes sobre la legitimidad de tales acciones. Juristas y expertos en seguridad han cuestionado si una decisión de esta magnitud debería haber contado con el aval judicial, dado el perfil delictivo de los involucrados y los riesgos de su movilización.

El hecho de que varios de estos capos tengan procesos pendientes por homicidios, extorsión y narcotráfico añade una capa de complejidad al debate, ya que su presencia en un evento presidencial podría interpretarse como un mensaje equívoco sobre la lucha contra el crimen organizado. Mientras algunos defensores argumentan que estos acercamientos son parte de una estrategia de paz y reinserción, críticos advierten que pueden ser percibidos como un trato preferencial hacia quienes han vulnerado la ley.

El clamor de la opinión pública es claro: se exige una explicación detallada de los criterios utilizados para autorizar estos traslados. Este escándalo no solo pone de manifiesto los desafíos de la política criminal en Colombia, sino que también reabre el debate sobre los límites de las negociaciones con actores armados en un contexto urbano. La pregunta persiste: ¿hasta dónde es válido flexibilizar las normas para lograr acuerdos de paz sin que ello implique un riesgo de impunidad?