¡Escándalo en Colombia! La exconsejera de Gustavo Petro, Sandra Ortiz, se encuentra en serios problemas tras la negativa de la Fiscalía General de la Nación a concederle el principio de oportunidad. La entidad judicial ha calificado sus declaraciones como “confusas, contradictorias y sin pruebas”, lo que podría agravar aún más la situación del gobierno del presidente Petro.

Ortiz, quien enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, buscaba un acuerdo de colaboración para evitar una condena, prometiendo revelar detalles sobre un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, sus intentos han sido frustrados por la falta de coherencia y sustento en sus testimonios. La Fiscalía ha dejado claro que no otorgará inmunidad penal sin una colaboración firme y verificable.

El caso ha generado un gran revuelo en la opinión pública, especialmente por la magnitud de los recursos desviados y la implicación de altos funcionarios del gobierno. La Fiscalía, liderada por la novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, ha intensificado sus esfuerzos para esclarecer los hechos y judicializar a todos los involucrados. Las reuniones con Ortiz no han aportado la claridad necesaria, lo que ha llevado a las autoridades a descartar cualquier negociación.

A pesar de su situación, Ortiz ha amenazado con hacer públicas las conversaciones mantenidas con la Fiscalía, aunque cualquier declaración será bajo su exclusiva responsabilidad y no comprometerá a la institución. Este desarrollo pone de manifiesto las dificultades que enfrenta la justicia colombiana para avanzar en casos de corrupción cuando los testimonios carecen de solidez.

La decisión de rechazar el principio de oportunidad resalta el compromiso de la Fiscalía de actuar con rigor ante delitos de alta gravedad. Mientras el proceso judicial avanza, la sociedad espera que se logre la recuperación de los fondos desviados y la imposición de sanciones ejemplares. La lucha contra la corrupción sigue siendo un reto crucial para restaurar la confianza en las instituciones del país.