¡ESCÁNDALO EN LA POLÍTICA COLOMBIANA! Laura Sarabia, exministra de Relaciones Exteriores, ha destapado una serie de revelaciones explosivas que podrían cambiar la percepción del gobierno de Gustavo Petro. Su renuncia, lejos de ser un simple cambio de gabinete, está marcada por una intensa lucha de poder que amenaza con dejar a miles de colombianos sin pasaporte.

En una entrevista reciente, Sarabia denunció la intervención indebida de Alfredo Sade, el nuevo jefe de gabinete, en un contrato millonario relacionado con la emisión de pasaportes. Según ella, Sade no solo se autoproclamó líder de un proceso que es competencia exclusiva de la cancillería, sino que también recibió el respaldo del presidente Petro, lo que la llevó a presentar su dimisión. Este conflicto ha generado una crisis institucional sin precedentes, poniendo en riesgo el derecho de los ciudadanos a obtener su documento de identidad de manera oportuna.

Sarabia explicó que, al asumir su cargo, se encontró con un contrato vigente con la empresa Thomas Grenson, que garantizaba la emisión de pasaportes. Sin embargo, Sade se opuso a la prórroga de este acuerdo, lo que provocó que se retrasara la asignación de citas para la expedición de documentos. Esta interferencia, según Sarabia, ha sembrado caos en el proceso y ha puesto en tela de juicio la capacidad operativa de la imprenta nacional.

Además, la exministra cuestionó las declaraciones de Sade sobre un contrato inminente con Portugal, revelando que la embajada portuguesa desconocía los términos del acuerdo y que su implementación podría tardar hasta nueve meses. Sarabia defendió su gestión, asegurando que todas sus decisiones estaban alineadas con las directrices de Petro y que no tenía ningún vínculo con Thomas Grenson.

La renuncia de Laura Sarabia no solo revela tensiones internas en el gobierno, sino que también plantea serias interrogantes sobre la estabilidad del manejo de documentos vitales para los colombianos. La decisión de Petro de respaldar a Sade en lugar de a su canciller podría tener repercusiones significativas en la administración pública, dejando a la ciudadanía en un estado de incertidumbre. La situación exige atención inmediata y un análisis profundo de las implicaciones que esta crisis conlleva para el futuro político del país.