¡ESCÁNDALO EN COLOMBIA! El exministro Wilson Ruiz ha desatado una tormenta política al revelar presuntas irregularidades en las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro. En un acto sin precedentes, Ruiz ha presentado un derecho de petición a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, cuestionando la acumulación de denuncias y la falta de transparencia en los procedimientos que podrían definir el futuro político del país.

Con documentos clave en mano, Ruiz exige respuestas sobre cómo se han agrupado las denuncias y quiénes son los responsables de estas decisiones. Las preguntas son contundentes: ¿Bajo qué fundamentos legales se unificaron los expedientes? ¿Qué criterios se utilizaron para seleccionar a los investigadores, algunos de los cuales tienen vínculos cercanos con Petro?

La situación se complica aún más con la reciente recusación de Ruiz contra Jairo Fabián Corso, secretario de la comisión, a quien acusa de un conflicto de intereses. La designación de la representante Olga Lucía Velázquez, aliada de Petro, como investigadora en un caso de consumo de sustancias prohibidas, ha encendido aún más la controversia. Ruiz clama por imparcialidad y transparencia en un proceso que podría estar viciado desde su inicio.

Mientras la presión sobre la comisión de acusación aumenta, diversos sectores políticos y jurídicos se dividen: algunos apoyan la postura de Ruiz, mientras que otros lo acusan de intentar desacreditar las investigaciones. La urgencia por respuestas es palpable, y la falta de claridad podría tener repercusiones devastadoras para la confianza en las instituciones democráticas.

Este escándalo no solo pone en jaque la credibilidad del Congreso, sino que también podría reconfigurar el panorama político en Colombia. La ciudadanía exige respuestas inmediatas y claras. ¡El futuro de la democracia está en juego y la presión es cada vez mayor!