El Tribunal Superior de Bogotá ha cerrado la puerta a Álvaro Uribe, negando la solicitud de suspensión de su detención domiciliaria. En una decisión que ha sacudido el panorama político colombiano, el tribunal desestimó la tutela presentada por el abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, quien argumentó que se estaban vulnerando derechos fundamentales de Uribe, como la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.

La juez Sandra Heredia había dictado previamente la medida de prisión domiciliaria tras una condena de 12 años por delitos graves. Granados, en un intento por liberar a Uribe mientras se resuelve el proceso, alegó que su cliente debería poder defenderse en libertad. Sin embargo, el tribunal consideró que no hay fundamentos suficientes para suspender la orden de detención, subrayando que la ley permite la privación de libertad en esta etapa del proceso.

Mientras tanto, la situación se complica aún más. Precandidatos del Centro Democrático han anunciado un viaje a Estados Unidos para denunciar lo que consideran una persecución política, lo que ha generado una ola de críticas. El presidente Gustavo Petro ha calificado a estos congresistas como “traidores a la nación”, acusándolos de buscar debilitar el poder judicial colombiano.

La defensa de Uribe ahora espera que el magistrado Ramiro Riaño revise la tutela, aunque ya se había declarado impedido en el pasado. La tensión sigue aumentando mientras el país observa cómo se desarrollan estos acontecimientos. El futuro del expresidente pende de un hilo, y el debate sobre la justicia y la equidad en el tratamiento de los casos judiciales se intensifica. La decisión del tribunal es un claro recordatorio de que la lucha por la justicia en Colombia continúa, y que las repercusiones de este caso resonarán en el ámbito político y social durante mucho tiempo.