Un juez de la República ha señalado al gobierno de Gustavo Petro como responsable del fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe, quien fue asesinado en un ataque armado en Colombia. Según el togado, se cometió un prevaricato por omisión, al no garantizar la protección adecuada a Uribe, a pesar de las múltiples solicitudes de seguridad que su abogado había presentado desde 2025.

La situación es alarmante. A pesar de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) había catalogado a Uribe con riesgo extraordinario, no se tomaron las medidas necesarias para salvaguardar su vida, lo que llevó a su abogado a presentar una denuncia penal contra el director de la UNP. Las solicitudes de protección, algunas de ellas urgentes y reiteradas, fueron ignoradas, y el candidato se vio obligado a viajar sin la seguridad necesaria, exponiéndose a un peligro inminente.

El juez ha afirmado que el Estado, al desatender las súplicas de Uribe, incurrió en una grave falta de servicio, lo que podría acarrear consecuencias penales. La UNP, lejos de asumir su responsabilidad, ha reaccionado denunciando al juez por supuestas extralimitaciones en sus funciones, lo que genera aún más indignación en un contexto donde la seguridad de los líderes de oposición es crucial.

La familia de Uribe y su equipo legal exigen una investigación exhaustiva que no solo apunte a los autores materiales del crimen, sino también a los responsables por omisión en la protección del candidato. La captura de cinco presuntos implicados en el asesinato es un paso positivo, pero no suficiente. La verdad y la justicia son urgentes en este caso que revela las fallas del Estado en la protección de sus ciudadanos, especialmente de aquellos que se atreven a desafiar el poder establecido.

El país observa con atención cómo se desarrollan estos hechos, mientras la indignación y el clamor por justicia crecen en medio de un ambiente político cada vez más tenso y peligroso.