¡ESCÁNDALO EN COLOMBIA! El presidente Gustavo Petro ha desatado una tormenta política con su nuevo decreto 799 de 2025, que modifica drásticamente el manejo de las tutelas contra su gobierno. Esta medida, firmada el 9 de julio, permite que los casos que antes eran revisados exclusivamente por el Consejo de Estado ahora sean distribuidos entre jueces de circuito. Un cambio que muchos interpretan como un intento de eludir el control judicial especializado.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha denunciado que Barranquilla ha perdido tres eventos internacionales cruciales debido a la negligencia del gobierno de Petro, lo que pone en evidencia un patrón de decisiones que han perjudicado el desarrollo regional. La controversia no se detiene ahí; el decreto ha sido calificado como una maniobra para debilitar la independencia judicial y evitar que las tutelas relacionadas con temas sensibles, como la seguridad nacional y la erradicación de cultivos ilícitos, sean revisadas por instancias competentes.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, ha prometido demandar el decreto, argumentando que representa una amenaza directa al estado de derecho. “No se trata de un simple ajuste administrativo, sino de un golpe silencioso a la justicia”, afirmó, denunciando que Petro busca concentrar el poder y eliminar los contrapesos institucionales.

Mientras los defensores del decreto argumentan que la medida podría agilizar el sistema judicial, los críticos advierten sobre un peligroso precedente que podría permitir a futuros gobiernos modificar arbitrariamente las competencias judiciales. Organizaciones de derechos humanos y analistas jurídicos están en alerta, ya que las implicaciones de esta decisión podrían afectar gravemente el acceso a la justicia en Colombia.

La tensión entre el ejecutivo y el sistema judicial se intensifica, y el futuro del estado de derecho en el país pende de un hilo. La comunidad política y los ciudadanos deben mantenerse vigilantes ante esta situación crítica que podría redefinir el equilibrio de poderes en Colombia.