Atención, Colombia: la crisis política se intensifica. En un giro explosivo, el presidente Gustavo Petro ha calificado los “falsos positivos” como crímenes de lesa humanidad, apuntando directamente al Centro Democrático y revelando que 62 jóvenes fueron asesinados por el Estado. Esta declaración ha desatado una feroz reacción del partido opositor, que no solo niega las acusaciones, sino que lanza un ataque devastador, acusando a Petro de mantener vínculos con el ELN y de ser responsable del asesinato de un candidato presidencial.
La situación es crítica. El Centro Democrático, fundado por Álvaro Uribe Vélez, ha desafiado a Petro, sugiriendo que su gobierno es incapaz de garantizar la seguridad, citando el asesinato reciente de Yimar Gamboa y el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Con más de 60 masacres reportadas este año, la oposición argumenta que la moralidad de Petro para juzgar el pasado está en entredicho.
El intercambio de acusaciones ha escalado a niveles alarmantes. El Centro Democrático ha insinuado que el presidente tiene “amigos” en el ELN, lo que podría tener repercusiones graves para la soberanía estatal y la seguridad de los ciudadanos. La tensión entre las narrativas de Petro y el Centro Democrático refleja una polarización profunda que amenaza con desestabilizar aún más el panorama político del país.
Mientras Petro exige una reflexión sobre la complicidad histórica de la violencia estatal, la oposición se aferra a la crítica de su gestión actual. Este enfrentamiento no es solo un debate político; es una lucha por la memoria y el futuro de Colombia. La advertencia de que el “reinado de mentiras” de Petro terminará en 2026 resuena con fuerza, dejando claro que esta batalla por la narrativa y la verdad continuará intensificándose. La nación está en vilo, y el desenlace de este conflicto podría definir el rumbo de Colombia en los años venideros.
