¡Escándalo en Colombia! El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un duro revés judicial que podría cambiar el rumbo de la fiscalía del país. El Consejo de Estado ha decidido avanzar con una sentencia que podría anular la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo, una decisión que pone en jaque la estabilidad institucional y genera un clima de incertidumbre en el país.

El alto tribunal, a través de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, rechazó los argumentos del gobierno y ordenó continuar con el caso, argumentando que los elementos son suficientemente claros para dictar una sentencia anticipada. Esta decisión se basa en el artículo 182a de la ley, que permite resolver un proceso judicial antes de la audiencia inicial cuando no hay controversias sustanciales sobre los hechos. La Casa de Nariño, que ha defendido la legalidad del proceso de elección de Camargo, no logró detener las demandas que cuestionan la validez de su nombramiento.

Los demandantes, entre ellos ciudadanos como Samuel Ortiz Mancipe y Stefan Nigo, sostienen que la elección de Camargo estuvo viciada desde su inicio. Argumentan que la terna presentada para su elección sufrió modificaciones irregulares, incluyendo la inclusión de Camargo en lugar de Amparo Serón Ojeda, quien no había renunciado formalmente. Además, señalan que la renuncia de Amelia Pérez Parra, presentada antes de la votación, desintegró la terna, lo que podría viciar todo el proceso.

Este caso no solo pone en riesgo la posición de Camargo, sino que también reaviva el debate sobre la independencia de las instituciones y los límites del poder presidencial en la designación de altos funcionarios. La presión política y las acusaciones de injerencia se suman a un panorama ya fracturado, donde la confianza en las instituciones se ve seriamente comprometida. A medida que el Consejo de Estado se prepara para emitir su fallo, el país permanece en vilo, consciente de que el futuro de la fiscalía y la estabilidad del gobierno de Petro están en juego.