Ángela Benedetti, la exembajadora colombiana en Panamá, ha desatado un verdadero escándalo político al acusar a la canciller Laura Sarabia y al presidente Gustavo Petro de estar involucrados en transacciones económicas irregulares relacionadas con el asilo del expresidente panameño Ricardo Martinelli. En un momento de tensión palpable, Benedetti afirmó que los frecuentes viajes de Sarabia a Panamá no son casualidad y que ambos, junto con el canciller panameño, habrían recibido dinero a cambio de ofrecer protección a Martinelli, quien enfrenta una condena de 10 años por corrupción.

Las declaraciones de Benedetti han provocado un intenso debate público, especialmente por su cercanía a las figuras implicadas. En sus publicaciones, subrayó la incoherencia de Petro, quien en el pasado había criticado fuertemente a Martinelli, tildándolo de corrupto y aliado del uribismo, y que ahora lo defiende como un perseguido político. Este giro ha llevado a cuestionar si el cambio de postura responde a intereses económicos.

La situación se complica aún más al recordar las tensiones históricas entre Petro y Martinelli. Durante la campaña presidencial de 2018, Petro acusó a Martinelli de ser un delincuente, y su reciente decisión de otorgarle asilo ha sido calificada por muchos como una “vergonzosa claudicación ante la corrupción”. Sergio Fajardo, excandidato presidencial, ha criticado la decisión, recordando que Martinelli no es un disidente, sino un hombre condenado por delitos graves.

El escándalo ha dejado al gobierno de Petro en una posición delicada, cuestionando su promesa de transparencia y revelando contradicciones que podrían tener repercusiones significativas en su administración. Mientras el escándalo sigue creciendo, la pregunta que todos se hacen es si habrá una respuesta oficial del gobierno o si las acusaciones de Benedetti quedarán sin respuesta, aumentando la presión sobre un gobierno que se enfrenta a su mayor crisis hasta la fecha.