**¡ESCÁNDALO! KHATERINE MIRANDA RESPONDE AL GOBIERNO DE PETRO CON PRUEBAS EN MANO**

La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha alcanzado un nuevo nivel de tensión, desatando un escándalo en el ámbito de la salud en Colombia. En un reciente Consejo de Ministros, Petro acusó a Vargas Lleras de ser el responsable del colapso de la Nueva EPS, una afirmación que ha sido desmentida por documentos oficiales y testimonios de los involucrados. Esta disputa no solo se centra en la salud de más de 30 millones de colombianos, sino que también pone de relieve la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud del país.

Petro ha mencionado deudas por 5 billones de pesos acumuladas por la Nueva EPS, alegando que esta entidad, supuestamente creada por Vargas Lleras, favoreció a clínicas privadas en detrimento de hospitales públicos. Sin embargo, la Nueva EPS fue constituida en 2007 como una entidad de economía mixta, con el Estado como principal accionista, lo que contradice las acusaciones presidenciales. Vargas Lleras ha respondido contundentemente, calificando a Petro de “bully verbal” y señalando que sus afirmaciones son infundadas y carecen de fundamento probatorio, algo que ha sido respaldado por un fallo del Consejo de Estado que ordenó al presidente rectificarse.

La crisis del sistema de salud es multicausal, según expertos, y no puede ser atribuida únicamente a gestiones pasadas. El Colegio Médico Colombiano alerta sobre un desabastecimiento crítico de medicamentos y el colapso de hospitales, una situación que se agrava por decisiones erráticas del gobierno actual. Las tensiones políticas se han intensificado, reconfigurando alianzas y provocando un debate sobre el futuro del sistema de salud.

Mientras el gobierno se enfrenta a críticas por su gestión, los pacientes son los más afectados en medio de esta batalla política. La urgencia de un diálogo nacional que priorice el derecho a la salud de los colombianos es más apremiante que nunca, en un contexto donde la salud pública se convierte en el campo de batalla de intereses políticos.