Una denuncia hist贸rica ha sacudido el panorama pol铆tico colombiano: el presidente Gustavo Petro se enfrenta a acusaciones de incitaci贸n al odio tras sus controvertidas declaraciones sobre los gritos de “fuera Petro” que resuenan en el pa铆s. Este lunes 26 de agosto, el activista del Centro Democr谩tico, Jos铆as Fiesco, present贸 la denuncia ante la Comisi贸n de Acusaci贸n, argumentando que el mandatario ha estigmatizado a quienes critican sus pol铆ticas, tild谩ndolos de “asesinos”.
La controversia se desat贸 despu茅s de que Petro, en un discurso durante la Asamblea Nacional de la Colombia Humana, vincul贸 a quienes piden su salida con los asesinatos de militantes de la Uni贸n Patri贸tica, generando un fuerte rechazo en redes sociales y entre la ciudadan铆a. Fiesco subray贸 que las palabras de Petro contravienen las sentencias T-391 de 2007 y SP-2685 de 2020 de las altas cortes, que protegen la libertad de expresi贸n y proh铆ben la descalificaci贸n de los ciudadanos que ejercen su derecho a protestar.
Adem谩s de la denuncia, Fiesco ha interpuesto una acci贸n de tutela exigiendo que el presidente se retracte en un plazo de 15 d铆as. La tensi贸n se intensifica con una movilizaci贸n ciudadana programada para el 22 de septiembre, en respuesta a las pol铆ticas del gobierno, que han llevado a la poblaci贸n a manifestarse por el aumento de costos de alimentos y combustibles, as铆 como por la creciente inseguridad.
La situaci贸n plantea un dilema cr铆tico para la democracia colombiana: 驴hasta qu茅 punto puede un l铆der pol铆tico criticar a sus opositores sin cruzar la l铆nea hacia la incitaci贸n al odio? Las palabras de Petro, que reflejan su percepci贸n de una oligarqu铆a resentida, han desatado un debate sobre la legitimidad de sus cr铆ticas y la responsabilidad de un presidente en un pa铆s profundamente dividido. La respuesta a esta controversia podr铆a tener repercusiones duraderas en la pol铆tica colombiana y en la percepci贸n de la libertad de expresi贸n en el pa铆s.