**¡FUERTE ESCÁNDALO! SANDRA ORTIZ Y RAMÓN GONZÁLES: TODOS SABÍAN DEL CASO DAPRE**

Un escándalo de corrupción sacude al gobierno colombiano, poniendo en jaque la administración del presidente Gustavo Petro. Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y amigo cercano de Petro, se encuentra en el centro de un entramado de operaciones ilícitas que involucran millonarios so𝐛𝐨𝐫𝐧os y el desvío de recursos públicos. La Fiscalía General de la Nación ha revelado que González no solo conocía las actividades corruptas, sino que fue un actor clave en su ejecución.

Las investigaciones apuntan a que González organizó reuniones secretas en lujosos hoteles, donde se definieron estrategias para desviar fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En el epicentro de estas acusaciones se encuentra un desayuno estratégico en el hotel Tequendama, donde se gestaron acuerdos para so𝐛𝐨𝐫𝐧os que involucraban a líderes del Congreso, con cifras alarmantes: 3,000 millones de pesos para Iván Leonidas Neín Vázquez, presidente del Senado, y 1,000 millones para Andrés Calle Aguas, presidente de la Cámara.

La renuncia de González como director de inteligencia nacional, tras la exposición de su nombre en este escándalo, ha levantado más sospechas sobre su influencia dentro del círculo cercano de Petro. Este escándalo no solo amenaza la narrativa de lucha contra la corrupción que ha defendido el gobierno, sino que también ha generado un clima de incertidumbre política, debilitando la gobernabilidad y la agenda legislativa de Petro.

La indignación ciudadana es palpable. Los recursos desviados estaban destinados a atender desastres naturales, lo que intensifica la percepción de que la corrupción es un problema sistémico en Colombia. La falta de confianza en las instituciones y el sistema judicial se agrava, generando un distanciamiento entre la ciudadanía y sus líderes.

Este caso es un llamado urgente para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el manejo de recursos públicos. La corrupción no solo afecta las finanzas del país, sino que erosiona la confianza en las instituciones democráticas. La evolución de las investigaciones y las reacciones del gobierno serán cruciales para determinar el legado de este escándalo.