Un juez ha determinado que el gobierno de Gustavo Petro es responsable del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, tras una serie de omisiones en la protección que debió haber recibido. La Unidad Nacional de Protección (UNP) no cumplió con sus deberes, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por Uribe y su equipo legal para reforzar su seguridad tras recibir amenazas. Este fallo judicial ha desatado una ola de indignación y ha puesto en tela de juicio la gestión del actual gobierno en materia de seguridad.

Durante una reciente audiencia, el juez evidenció que la UNP incurrió en un prevaricato por omisión al ignorar las solicitudes de protección del senador, quien se encontraba en un estado de vulnerabilidad extremo. A pesar de haber sido catalogado con riesgo extraordinario, la UNP desestimó las solicitudes, dejando a Uribe sin las medidas de seguridad adecuadas. La falta de respuesta a más de 23 peticiones desde junio de 2023 ha sido calificada como una “grave omisión” que contribuyó a la indefensión del político.

El abogado de Uribe ha solicitado a la Fiscalía General que inicie una nueva línea de investigación no solo sobre los autores materiales del atentado, sino también sobre la responsabilidad del Estado en este caso. La indignación se intensifica al conocerse que, tras el pronunciamiento del juez, la UNP ha intentado desacreditarlo, pidiendo a la Procuraduría que lo investigue por su declaración.

Este escándalo no solo resalta la falta de protección a los líderes de oposición en Colombia, sino que también plantea serias preguntas sobre la responsabilidad del gobierno en la seguridad de sus ciudadanos. La situación exige una respuesta contundente del Estado y una revisión profunda de sus protocolos de seguridad, especialmente en un clima político tan tenso y polarizado. La comunidad espera acciones inmediatas que garanticen la protección de todos los líderes políticos en el país.